La comisión organizadora de las fiestas del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución es una muestra de la actitud prepotente con la que se ejerce el servicio público. Ejemplo de cómo el erario se maneja al arbitrio de quien es su depositario y convierte su administración como algo propio.
Diputados federales han criticado la superficialidad de los eventos organizados para celebrar –como si realmente hubiera razones sociales para hacerlo- el movimiento independentista. Desacreditan que se esté privilegiando la difusión de mensajes mediáticos y no el apoyo de instituciones y proyectos de infraestructura cultural.
Otra de las razones por las que hay desacuerdo con el responsable de la citada comisión, José Manuel VIllalpando, es la opacidad con la que se maneja el millonario presupuesto destinado a la organización de las citadas celebraciones.
Por eso recientemente el Comité de Administración de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de presupuesto que presentó la Comisión Especial del Bicentenario para los festejos del mes de septiembre próximo, cuyo monto asciende a 27 millones de pesos.
La comisión ha solicitado más presupuesto para el objeto para el que se creó pero se niega sistemáticamente a responder las solicitudes de que esclarezca en que ha usado el recurso público que se le ha destinado.
La Cámara de Senadores formalmente pidió a esa comisión que sobre el monto total de los recursos que se gastarán en la celebración de la noche del 15 de septiembre. Como respuesta recibieron un oficio en el que se les dio a conocer que esa información fue catalogada como “reservada por seguridad nacional”.
En razón de esa determinación, si alguien quiere saber, por ejemplo, cuanto costaron los juegos pirotécnicos que se usarán la noche del grito en el 2010 tendrá que esperar 12 años para que se desclasifique esa información.
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