La Secretaría de Educación Pública, dio a conocer que a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el primer trimestre del año, a nivel nacional se pagaron casi 407 millones y medio de pesos a 10 mil 279 maestros que no están al frente de un grupo porque fueron comisionados en funciones distintas a la naturaleza de las 18 mil 582 plazas que en conjunto tienen asignadas.
De esos más de 10 mil trabajadores de la educación que no desempeñan tareas magisteriales, 5 mil 145 se encuentra comisionados en funciones sindicales. Los pagos efectuados a este grupo representaron el 56 por ciento del total de la nómina reportada por los gobiernos de los estados por ese concepto.
Los pagos realizados entre enero y marzo de 2010 a los maestros comisionados en tareas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sumaron 228 millones 744 mil 107 pesos.
Un estudio de la consultora RSM, Bogarìn, Herhard, Padilla, Álvarez & Martínez, con cargo a la SEP, determinó que los gobiernos estatales entregaron información inconsistente para soportar la información del personal comisionado pagado a través de las nominas con recursos del FAEB.
Entre la información que se encontró que no permite soportar el pago a los comisionados fue, entre otra, la falta del objetivo de la comisión, de descripción de las funciones a desempeñar en la comisión y falta de fechas de inicio y fin de las comisiones.
En otra parte del documento presentado por la dependencia federal, se encontraron otras inconsistencias en la nomina con cargo a ese fondo de apoyo a la educación. Por ejemplo se detectaron 8 mil 896 casos erróneos de RFC iguales pero con diferentes nombres. Aún con estas discrepancias, en conjunto las 17 entidades federativas en las que se encontraron estas irregularidades hicieron pagos por más de 160 millones de pesos.
El estado de Tamaulipas, con 2 mil 542 personas involucradas en este tipo de errores en su RFC es la que concentra el número más alto de esa deficiencia administrativa. El monto de la nómina pagada con estas inconsistencias por el gobierno tamaulipeco en el primer trimestre del 2010, fue de casi 40 millones de pesos.
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