En Reynosa, la reciente invasión de dos predios particulares, que en conjunto suman unas 24 hectáreas de superficie, para la creación de un asentamiento humano irregular está poniendo a prueba la disposición de las autoridades municipales y estatales para hacer cumplir la ley.
Esta frontera se caracteriza por el crecimiento ilegal de casi la mitad de la mancha urbana. Ha resultado un extraordinario negocio para los promotores de colonias formadas al margen de la ley.
Se trata de varios grupos bien organizados y plenamente identificados, algunos hasta constituidos como empresas inmobiliarias, que han ganado millones de dólares con este actividad. Sus ingresos son tan cuantiosos que fácilmente han comprado la voluntad de funcionarios que en diversas épocas se coludieron con ellos.
El negocio es redondo. Compran terrenos ejidales suburbanos a ínfimo precio. Desmontan los predios para lotificarlos. Venden los terrenos sin ningún servicio y al poco tiempo alientan a sus compradores para que se los reclamen a la autoridad, que termina por ceder e inicialmente introduce las líneas de electricidad y agua al asentamiento.
Si bien este nuevo asentamiento es producto del despojo, las autoridades no pueden concretarse, como lo han hecho ya, a asesorar a los dueños en las acciones penales que solicitaron por la ocupación ilegal de sus predios.
Deben actuar y cuando menos dar vista al ministerio público por que también ahí se configuran conductas tipificadas como “delito cometido por fraccionadores”, en virtud de que los predios ejidales se dividieron para que casi quinientas familias se asentaran en el sitio.
Esa figura legal entró en vigor a principio de 2008 y en teoría se introdujo para atacar con eficacia el crecimiento urbano promovido por particulares sin ningún permiso de la autoridad, ya que anteriormente este tipo de actividad solo se podía perseguir penalmente bajo la figura del delito de fraude, y solo a petición de los compradores.
Lo que está ocurriendo con esa invasión no se trata exclusivamente de una afectación a particulares. Las autoridades deben observar que con estas acciones se daña un interés social. Los promotores de esa invasión están afectando el bien público del desarrollo urbano.
Como obligados a cumplir la ley, que les mandata contar con planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, los gobiernos estatal y municipal no pueden quedarse al margen de esta situación.
No intentar otro tipo de acciones más allá de la asesoría a los afectados por el despojo de sus inmuebles, sería muy grave.
Permitir que esta invasión prospere y quienes se apoderaron de los predios se asienten ahí, es reproducir uno de los más pesados lastres del crecimiento de Reynosa. No se trata nada más de la promoción del desorden urbano. Este tipo de asentamientos, decenas en la ciudad, son una carga presupuestal enorme que los fraccionadores le trasladaron al gobierno municipal, principalmente.
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