El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora recientemente realizó una declaración con relación el secuestro de los periodistas Javier Canales, Alejandro Hernández, Héctor Gordoa y Óscar Solís, ocurrido en la Comarca Lagunera.
Afortunadamente, los cuatro reporteros recuperaron su libertad. Gordoa y Solís liberados por sus captores, mientras que Canales y Hernández, fueron rescatados por elementos federales de una casa de seguridad.
Sin embargo es importante considerar el fondo del posicionamiento que hizo el secretario de Gobernación sobre este hecho, porque muestra algunas inconsistencias.
La primera de ellas es cuando el funcionario señaló que “El Gobierno Federal condena enérgicamente el secuestro de periodistas, agentes de la autoridad y civiles en los estados de Durango y Coahuila”.
Las autoridades no están para expresar reprobación frente a conductas ilegales. No cumplen con sus obligaciones legales al exponer opiniones subjetivas sobre un hecho determinado que trasgrede la legalidad. Cualquier conducta ilícita que afecta a algún miembro de la sociedad debe perseguirse y castigarse.
Luego, Blake Mora dijo que “el Gobierno Federal no permitirá las amenazas a cualquier miembro de la sociedad”. Expresión innecesaria e inútil, porque una de las funciones básicas del estado es garantizar la integridad legal, jurídica y personal de todos los individuos.
A ese razonamiento le siguió una petición igualmente ajena a la función de la autoridad: “El Gobierno Federal exige la inmediata liberación de las personas secuestradas”.
En casos como este donde se ejecutaron acciones constitutivas de delito, la obligación del gobierno es actuar inmediatamente a través de los órganos de procuración de justicia. No tiene que estar demandando, por mas imperiosamente que se haga, que cese la comisión de la conducta delictuosa.
Luego dijo que las autoridades de la federación reiteraban “su compromiso para actuar con todas sus atribuciones legales”. Se le olvidó que los funcionarios públicos tienen responsabilidades legales que están obligados a cumplir. Que no se trata de un asunto de disposición de ánimo.
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