Una de las más pesadas cargas que la sociedad mexicana padece es el incumplimiento del gobierno federal, no solo en la actual administración, de su obligación de promover un sistema económico basado en una justa distribución del ingreso, que permita una vida digna a la población.
Ello ha provocado que el grueso de la población del país se encuentre en situación de pobreza. Para ejemplificar la injusticia social que impera en México basta señalar que poco más de 22 millones de personas se encuentran en lo que se define como pobreza alimentaria.
Son los pobres extremos que ni juntando todo su ingreso familiar pueden adquirir los bienes de una canasta básica
Son el 20 por ciento más pobre de los 108 millones de personas que se estima son la población del país en el 2010.
Ellos son el ejemplo más dramático de las consecuencias de las políticas públicas impuestas desde hace tres décadas, periodo en el que se ha profundizado el nivel de pobreza de la mayoría de los mexicanos.
La injusticia social es terrible en México. La acumulación de la riqueza entre una reducida minoría es brutal. El gobierno federal es instrumento de la clase más rica del país. Vivimos una verdadera plutocracia.
¿Por qué no un dialogo por la justicia social? Desde la perspectiva de la sociedad sería indispensable que se ponga sobre la mesa de discusión el fracaso del gobierno para garantizar un sistema económico equitativo.
Para los mexicanos sería importante someter a debate las causas reales del deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes del país. Que, como ocurre con el tema de la seguridad, se convoque a la suma de voluntades para atacar de raíz este problema que lacera a la mayor parte de la población.
La pregunta es ¿Por qué no un dialogo por la justicia social? La respuesta es simple: Porque el gobierno no asume que los desastrosos resultados sociales de su actuación sean un fracaso.
Porque seguramente asumen que los programas asistenciales que se destinan al combate de la pobreza realmente funcionan, aunque lo cierto es que no tienen mayor incidencia en las condiciones de vida de los beneficiarios ni impiden la pobreza tras generacional.
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